Autoriza juez a FGR solicitar orden de aprehensión contra Ricardo Anaya
El ex candidato presidencial no se presentó este lunes a la audiencia por el caso Odebrecht
Anaya
El Juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar una orden de aprehensión contra Ricardo Anaya Cortés, tras no presentarse a la audiencia de este lunes por el caso Odebrecht.
El periódico El Heraldo de México indicó que el funcionario suspendió la audiencia al declarar injustificada la ausencia de Anaya, a pesar de que la defensa del ex candidato presidencial solicitó una petición para obtener más tiempo para poder revisar el expediente del caso, pero la petición fue negada.
El ex candidato a la presidencia de la república es señalado de haber recibido 6.8 millones de pesos por parte de la empresa brasileña, además es acusado de participar en los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
La Corte había convocado a Anaya desde el pasado 31 de enero; sin embargo, no se llevó a cabo debido a que el Juez dio positivo a COVID-19, por lo que solicitó licencia médica ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para fijar la próxima audiencia que quedó pactada para este 14 de febrero.
Esta mañana, Eduardo Aguilar, uno de los abogados de Anaya, aseguró que la acusación del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contra su cliente no tiene sustento “ni pies ni cabeza”.
A su vez, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en el caso del ex candidato presidencial se aplique la ley.
Ojalá y se aplique la ley y la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie, y que se termine con el influyentísimo (en el país)”, consideró.
Y FGR concluiría que sobornos fueron sólo para Emilio Lozoya
Tras cinco años de investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los sobornos por poco más de diez millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México, fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, través de empresas ligadas con su familia. Con ese dinero, entre otras cosas, se compró una casa en Ixtapa Zihuatanejo.
El documento completo de la acusación final de la FGR presentada ante un juez en contra de Lozoya, y del que el portal Animal Político tiene una copia, advierte que gracias a estos sobornos Odebrecht se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula.
Aunque Lozoya ha denunciado que él fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que el dinero se usó para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energética, en su acusación la FGR no presenta ni valida ninguna de estas hipótesis. Las 59 pruebas que presenta están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.
De hecho, al considerar que Lozoya fue el beneficiario final de estos hechos, la FGR solicita en su contra una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, considera que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación de daño de seis millones de dólares, y perder cualquier derecho sobre el departamento en Ixtapa.
Los fiscales además consideran que la madre de Lozoya, Gilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 años de prisión y pagar 262 mil pesos de multa, indicó Animal Político.