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NACIONAL

Ordenan captura contra Silvano Aureoles por masacre de Arantepacua en 2017

Un juez giró 16 órdenes de aprehensión por homicidio, tortura y abuso de autoridad por hechos ocurridos en 2017; el exgobernador es señalado como probable responsable

Ordenan captura contra Silvano Aureoles por masacre de Arantepacua en 2017

Ordenan captura contra Silvano Aureoles por masacre de Arantepacua en 2017

Por Redacción
27 de marzo de 2026
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Un juez de control concedió 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y elementos de seguridad por su presunta participación en los hechos violentos ocurridos en Arantepacua, Michoacán, en abril de 2017, donde cuatro personas fueron asesinadas. Entre los señalados se encuentra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, así como su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las órdenes de captura corresponden a los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, además de otras imputaciones. En total, también fueron incluidos 14 policías estatales presuntamente involucrados en el operativo que derivó en los hechos.

Los acontecimientos se registraron el 5 de abril de 2017, cuando se desató un enfrentamiento entre elementos de seguridad y comuneros de la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Durante el operativo, se desplegaron cientos de policías estatales y ministeriales, lo que derivó en un saldo de cuatro personas fallecidas, además de múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos.

Informes señalan que, en el contexto de estos hechos, se documentaron casos de tortura, detenciones arbitrarias y tratos crueles, lo que motivó la apertura de investigaciones por parte de autoridades ministeriales.

Asimismo, se dio a conocer que Silvano Aureoles también enfrenta otra orden de aprehensión por delitos como peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, y es considerado prófugo de la justicia.

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Los hechos en Arantepacua tuvieron su origen en una disputa por tierras, específicamente por más de 500 hectáreas de bosque, lo que generó tensiones entre pobladores y autoridades estatales. Tras la detención de una comitiva de comuneros, habitantes bloquearon carreteras, lo que derivó en la intervención policial.

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